CYNTHIA ROSALES
SANTIAGO.- Polémica causó la información publicada ayer por TERRA.cl sobre la permanencia en Carabineros de tres de los oficiales que –supuestamente- habían sido dados de baja tras la muerte de Manuel Gutiérrez en un confuso incidente en Peñalolén. La madre del malogrado menor asegura que le prometieron justicia, considerando “una burla” el traslado de estos tres funcionarios a otras reparticiones policiales.
En diálogo con TERRA.cl, Mireya Reinoso, afirmó que como familia “nos sentimos impotentes, nos sentimos menoscabados. Porque se nos dice una cosa y se hace otra. Se nos dice ‘los vamos a ayudar, vamos a sacar la cara por ustedes, no se preocupen’ y resulta que hacen otra cosa”.
Según relató, cuando asumió el nuevo General Director de Carabineros, Gustavo González Juré, éste les ofreció toda la ayuda necesaria para esclarecer el hecho.
“Me da la mano y me dice ‘señora Mireya, lo que usted quiera’. Nos citan a una reunión familiar, a un tecito con mis hijos (…) Cuando salió Millacura (en libertad) le dije ‘quiero justicia’”, precisó la mujer.
Mireya asegura que esta situación no le habría ocurrido si contara con más recursos económicos.
“Es lo primero que nosotros pensamos, que nos pasan estas cosas porque somos pobres, porque nosotros no podemos pagar los mejores abogados de Chile. Por lo tanto, no hay igual de derechos, no hay justicia”, acota.
“A mi nadie je va a devolver a mi hijo, el dolor por perder a mi hijo es una cosa que es cada día mayor. Nada me lo va a devolver pero, por lo menos, quiero sentir que no fue en vano, quiero sentir que mi hijo es mirado como un ser humano, como un ciudadano chileno con todos sus derechos”, indicó emocionada.
“A LO MEJOR ÉL TUVO LA INTENCIÓN”
En el intento por encontrar la razón que terminó por mermar la sanción a los tres oficiales que debieron haber sido dados de baja en su momento, la madre de Manuel Gutiérrez asegura que el proceso se entrampó tras la renuncia del ex General Director de Carabineros, Eduardo Gordon.
“A lo mejor él tuvo la intención, acuérdese que justo en ese momento él se retiró de la institución y quedó otra persona a cargo y seguramente esa persona no respetó su decisión. No sé cómo funciona eso, si el que toma la batuta hace lo que quiere (…) Quiero pensar que es así, que no se respetó su decisión, a lo mejor no hubo un papel firmado”, puntualizó.
Mireya Reinoso acotó que durante esta jornada se reunirá con su abogado, Washington Lizana, a fin de determinar las acciones a seguir.
ABOGADO DE DOS OFICIALES EXPLICA QUÉ OCURRIÓ
El abogado Claudio Jofré fue quien asumió la defensa del capitán Carlos Castillo y el mayor Roberto Contreras una vez que Gordon anunció la baja de la totalidad de los funcionarios involucrados en el caso.
Según dijo a TERRA.cl, él presentó un recurso de reposición ante la Presidencia de la República con copia al Ministerio del Interior, “dando cuenta de que el acto era ilegal y arbitrario”.
El jurista precisa que, con esta acción, logró detener la tramitación de esta baja. En tanto, comienza un proceso de investigación y se dictamina efectivamente el traslado. Al culminar el sumario, se establece la baja de todos los efectivos, sin embargo –según dijo- él apela y logra una condena mucho menor, que es lo que finalmente informó ayer Carabineros a través de un comunicado.
“Se decide aplicar un día de arresto a Contreras y tres días de arresto a Castillo. A la subteniente Iglesias se la aplica la baja”, indicó Jofré, desvinculación que la mujer no puede ahora cumplir por encontrarse con fuero maternal.
En tanto, Contreras informó hace dos semanas su retiro voluntario de la institución, mientras que Castillo continúa estudiando en la Academia de Ciencias Policiales.
SUBTENIENTE IGLESIAS
El abogado de la familia, Washington Lizana, señala que él sólo ve la causa en su aspecto penal y que –respecto a la ex subteniente Iglesias- “no hay constancia de que haya informado, ni tampoco cuando llego a la comisaria (…) no hay constancia de que se efectuaron los disparos, siendo ella la que tenía todo a su cargo y siendo testigo de esos hechos”.
“Habría que ver hasta dónde hay una responsabilidad penal de encubrimiento”, finalizó
